¿Diplomacia para luchar contra el ciberespionaje?

Xi Jinping y Barack Obama en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca. Foto: © REUTERS/Gary Cameron.

Xi Jinping y Barack Obama en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca. Foto: © REUTERS/Gary Cameron.

La seguridad y defensa del ciberespacio siguen ocupando un lugar prioritario en las agendas políticas de Washington y Beijing, tal y como se demostró la semana pasada durante la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a los Estados Unidos.

La firme intención de la administración Obama –presionada por los gigantes tecnológicos del país- de aplicar importantes sanciones económicas a aquellas entidades chinas –públicas y privadas- relacionadas con las campañas de ciberespionaje contra empresas estadounidenses condicionó la preparación de la visita de la delegación china. Recordemos que el pasado 1 de Abril, tan solo unos meses después de que Washington impusiese importantes sanciones económicas al régimen de Pyongyang como consecuencia del ciberataque sufrido por la compañía Sony, el presidente Obama firmaba una Orden Ejecutiva por la que autoriza al secretario de Hacienda –en coordinación con el fiscal general de Estado y el secretario de Estado– a sancionar a aquellos actores extranjeros cuyas actividades en el ciberespacio supongan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior o la estabilidad económica y financiera del país.

A pesar de las reticencias de Washington y de las presiones de la industria estadounidense, ambos gobiernos se proponen dar una oportunidad a la vía diplomática para resolver el sempiterno problema del ciberespionaje. En este sentido, ambos gobiernos han acordado:

  • Intercambiar información sobre investigaciones relacionadas con actividades maliciosas en el ciberespacio. Sin embargo, parece poco probable que EEUU y China puedan acordar una definición común sobre los límites de una ‘actividad maliciosa en el ciberespacio’. Además, resultara aún menos probable que ambos gobiernos intercambien información relacionadas con sus áreas de investigación, máxime cuando estas son fundamentales para mantener su condición de potencia cibernética.
  • No apoyar actividades de ciberespionaje que puedan menoscabar los intereses comerciales e industriales de ambos países. “Perseguir” con todos los medios humanos, legales y técnicos a su alcance las actividades de ciberespionaje que sean llevadas a cabo desde sus territorios nacionales hubiese sido la fórmula más adecuada para cimentar la lucha de ambos países contra el ciberespionaje.
  • Identificar y promover normas de buena conducta en el uso del ciberespacio por parte de los Estados. Ambas delegaciones han reconocido la importancia del trabajo de las Naciones Unidas, a través de un grupo de experto gubernamentales, sobre las normas para un uso apropiado del ciberespacio por parte de los gobiernos. Sin embargo, este hecho contrasta con la propuesta de gobernanza global del ciberespacio abanderada por Rusia y China –rechazada por EEUU y la inmensa mayoría de la comunidad internacional- en la cual se otorga a cada Estado la legitimidad necesaria para controlar todo lo concerniente a sus ciberespacios específicos.

En definitiva, el ciberespionaje es un problema al que se enfrentan buena parte de los ciudadanos, la mayoría de las empresas y casi la totalidad de los gobiernos, cuya solución requerirá algo más que un lenguaje ambiguo y un acuerdo de mínimos desde la vía diplomática.

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