Global Spectator, by Andrés Ortega

Los límites de la UE ante la involución iliberal de Polonia

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Beata Szydło, primera ministra de Polonia, en el pleno del Parlamento Europeo (19/1/2016). Foto: © European Union 2016 - European Parliament. Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados. Blog Elcano

Beata Szydło, primera ministra de Polonia, en el pleno del Parlamento Europeo (19/1/2016). Foto: © European Union 2016 – European Parliament. Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados.

Por primera vez en la democracia de la post-Guerra Fría en Polonia un partido ha conseguido limpiamente la mayoría absoluta, aunque no la suficiente para cambiar la Constitución. Se trata de Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), en el que, además, quien mueve los hilos, Jarosław Kaczyński, no está ni en la presidencia del país ni al frente del gobierno. Pero el PiS ya ha empezado a controlar los medios de comunicación y a cambiar algunas normas del poder judicial, especialmente del Tribunal Constitucional, para evitar que éste le ponga zancadillas a su agenda conservadora, en lo social y religioso, además de lo económico y lo internacional. Las alarmas han empezado a sonar en la UE, sobre todo después de que en la vecina Hungría, Viktor Orbán esté protagonizando también una involución autoritaria de lo que desde hace un tiempo se califica como “democracia iliberal”. Este término lo puso en boga en 1997 Fareed Zakaria. Preguntado sobre si esa era su intención, el propio Kacyzyński afirmó: “¡Exactamente!”. Polonia sigue a la Hungría de Viktor Orbán, pero pesa más. Es el sexto país en población de la UE, y con una economía que ha ido creciendo. ¿Qué puede hacer la UE? ¿Qué está haciendo?

Lejos quedan las inútiles sanciones diplomáticas que durante unos meses tomó la UE contra Austria en 2000 por la participación en el gobierno del partido del derechista Jörg Haider. Desde entonces, la UE se ha dotado de nuevos instrumentos. El principal es el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada), aunque es verdad que ya figuraba en el Tratado de Ámsterdam de 1997 (justamente en previsión de lo que pudiera ocurrir con algunas ampliaciones al Este). Es de muy compleja aplicación, pues requiere la intervención del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión, y, al final, si por amplias mayorías se constata la “existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores democráticos” y finalmente su violación “grave y persistente”, se le podrá suspender los derechos de voto por unanimidad de los demás (salvo el país en cuestión). Ni la suspensión de la membrecía ni la expulsión de un Estado están contempladas (sí, ahora, la salida voluntaria). Sería difícil llegar a ese punto, y aún más lograr esa unanimidad (y no sólo porque Orbán, y otros, no dejarían caer a Polonia). Poner en marcha este procedimiento se describe en Bruselas como la “opción nuclear”.

Por eso en 2014 la Comisión Europea, entonces bajo la presidencia de Durão Barroso, se dotó de una opción intermedia, el llamado “nuevo marco del Estado de Derecho en la UE”, y que es la que la Comisión Juncker ha comenzado a poner en práctica frente a Polonia. De momento, y sobre esta base, la Comisión ha abierto un procedimiento de información contra Varsovia que puede llevar, o no, a una alerta de una amenaza sistémica contra el Estado de Derecho en el país en cuestión, y a partir de ahí a una serie compleja de pasos (como se muestra en la figura 1) que podrían llevar en último término a la aplicación del Artículo 7. De momento se trata de abrir un diálogo con Varsovia para hacerle algunas recomendaciones de cambio en los temas en disputa.

Figura 1. El nuevo marco del Estado de Derecho de la UE. Fuente: Comisión Europea. Blog Elcano

Figura 1. El nuevo marco del Estado de Derecho de la UE. Fuente: Comisión Europea.

En Hungría, cuando el partido Fidesz tenía mayoría suficiente modificó la Constitución en un sentido iliberal. Contra Budapest, la Comisión adoptó otra vía cuando el ejecutivo de Orbán jubiló anticipadamente a 274 jueces que consideraba contrarios a sus intereses, poniendo en cuestión la separación de poderes: la Comisión lo llevó al Tribunal de Justicia de la UE. Y ganó. Pero el gobierno húngaro ofreció una compensación a estos jueces que la aceptaron y no volvieron a la judicatura. Es decir, que en la práctica no se logró cambiar nada.

El problema de las involuciones iliberales en la UE está creciendo, y puede acabar afectando no sólo a algunos Estados miembros del Este, sino también de la parte occidental de la UE, con el auge de algunos populismos. El caso de Polonia es central, porque además de ser país grande o intermedio (como España), en el seno de su sociedad el apoyo a la UE, según el último Eurobarómetro, sigue siendo mayoritario (55%), a diferencia de los húngaros (39%, aunque la media en la UE está en un 37%). Además, como también recuerda Agata Gostyńska-Jakubowska del Centre for European Reform de Londres, el PiS pertenece al mismo grupo en el Parlamento Europeo que los conservadores británicos, a diferencia del partido de Orbán que está integrado en el de los populares, el mayor, con lo que cuenta con más apoyos, y además, esta Polonia se está alejando de Alemania.

Como ya hemos explicado, a estas tendencias contribuye, entre otros factores, el hecho de que estos países se sientan marginados de la UE, pero también que, a diferencia de Grecia, España y Portugal, no ingresaran para reforzar sus transiciones a la democracia. Está por ver el efecto de la iniciativa tomada por la Comisión, pero es probablemente necesario un sistema de supervisión más estrecha en la UE de estas tendencias iliberales. Que se les deje hacer puede socavar la propia democracia del conjunto de la Unión y de sus Estados miembros, y, también, restarle credibilidad a la UE cuando dice defender sus valores hacia el exterior.

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